consultores son responsables de brindar asesoramiento
y supervisión durante la totalidad del proceso de
ejecución de las obras.
Sin embargo, si no cumplen adecuadamente con sus
responsabilidades, como la entrega tardía de informes,
falta de seguimiento o resolución de problemas
técnicos, se generan demoras en la ejecución de los
proyectos. Dichos retrasos pueden ser atribuidos a una
falta de profesionalismo, coordinación inadecuada o
falta de capacidad de los consultores para cumplir con
sus obligaciones.
Otro aspecto para considerar son los problemas
relacionados con la intervención económica y la
resolución de contratos en los casos de obras
ejecutadas por administración indirecta - contrata.
La intervención económica ocurre cuando se realizan
pagos adicionales a los contratistas debido a
situaciones imprevistas o para solventar deficiencias
en la ejecución de las obras. Estas intervenciones
pueden ser necesarias debido a cambios en las
especificaciones, solución de problemas técnicos no
contemplados inicialmente o ajustes en el presupuesto.
Asimismo, en casos donde los contratistas no cumplen
con los plazos, los estándares de calidad o no ejecutan
adecuadamente las obras, puede ser necesario resolver
los contratos, lo que implica un proceso burocrático y
la necesidad de encontrar nuevos contratistas, lo cual
lleva tiempo y retrasa la ejecución de las obras.
En las obras por administración directa, se han
identificado problemas en los procesos de adquisición
de los materiales utilizados en la ejecución de los
proyectos.
Estos materiales, como cemento, piedra chancada,
arena, entre otros, son elementos fundamentales para
el avance de las obras. Sin embargo, los retrasos
ocurren debido a observaciones de los postores en los
procesos de licitación o por deficiencias en los
términos de referencia. Estas observaciones hechas
por los postores pueden generar retrasos en la
adjudicación y entrega de los materiales, mientras que
los términos de referencia deficientes dificultan la
selección adecuada de los proveedores y la adquisición
oportuna de los materiales necesarios.
Además de los factores mencionados anteriormente,
otros aspectos contribuyeron a los retrasos en la
ejecución de las obras en el Gobierno Regional de
Pasco en el año 2022. Por un lado, el no contar con el
saneamiento físico legal en algunas zonas de ejecución
de los proyectos ha generado demoras significativas.
El proceso de saneamiento físico legal implica la
regularización de la propiedad de las áreas donde se
llevarán a cabo las obras, lo cual es de vital
importancia para garantizar la seguridad jurídica y
evitar conflictos legales durante la ejecución. La falta
de este proceso previo retrasa el inicio de las obras y
puede generar complicaciones en etapas posteriores,
como la adquisición de permisos y licencias
necesarios para avanzar en el proyecto.
Otro factor para considerar es la deficiente
coordinación y comunicación efectiva entre las
diferentes entidades y actores involucrados en la
ejecución de las obras. La ejecución de proyectos de
infraestructura requiere la participación de múltiples
organismos y departamentos, tanto a nivel del
gobierno como de la sociedad civil.
La falta de una coordinación adecuada entre estas
entidades puede generar retrasos en la toma de
decisiones, en la aprobación de documentos o en la
asignación de los recursos indispensables para la
ejecución de las obras. Además, la falta de
comunicación fluida puede dificultar la detección
precoz de dificultades y la aplicación de soluciones a
tiempo, lo que afecta directamente el avance de las
obras.
En relación con las posibles implicancias de estos
retrasos, es importante destacar el impacto en el
bienestar de las personas y en el progreso local. Los
retrasos en la ejecución de obras significan que las
comunidades no pueden beneficiarse de la
infraestructura planificada, lo cual limita su acceso a
servicios básicos, transporte adecuado, educación y
salud, entre otros aspectos fundamentales.
Además, la falta de ejecución oportuna de las obras
afecta el desarrollo económico de la región, ya que la
infraestructura es un motor clave para fomentar la
inversión, generar empleo y mejorar la
competitividad.
Asimismo, los retrasos en la ejecución de obras
pueden tener implicancias económicas y financieras
significativas. Los proyectos que no se ejecutan en
tiempo y forma pueden generar sobrecostos, ya sea por
la inflación de precios de los materiales o por la
necesidad de realizar modificaciones para adaptarse a
las condiciones cambiantes.